Nosotros
¿Quiénes Somos?
El Consejo de Seguridad Vial es la institución rectora en materia de Seguridad Vial, creado mediante la Ley de Administración Vial, Ley 6324, publicada en el alcance Nº 4 de la Gaceta Nº 97 del 24 de mayo de 1979, como dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes el cual tendrá independencia en su funcionamiento administrativo y personalidad jurídica propia.
Misión
El Consejo de Seguridad Vial es la organización rectora y gestora de la seguridad vial y movilidad activa del país; así como, prestadora de trámites y servicios, con la finalidad de brindar un apoyo esencial en la mejora de la movilidad segura, saludable y sostenible en carreteras, de los usuarios del sistema de infraestructura y transporte.
Visión
Ser una organización especializada e innovadora en seguridad vial y movilidad activa del país, líder en la promoción de política pública, haciendo uso eficiente de recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos para generar valor público hacia los usuarios del sistema de infraestructura y transportes y ser reconocidos a nivel iberoamericano.
Objetivos estratégicos
Objetivo General
Alcanzar una reducción de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes en 1,67 puntos al 2030, mediante el desarrollo de acciones de seguridad vial y movilidad activa en el sistema de infraestructura y transporte costarricense.
Objetivos Específicos
1. Desarrollar acciones innovadoras que potencien la mejora en el sistema de infraestructura y transporte costarricense, mediante el uso de talento humano multidisciplinario y especializado, con el fin de desarrollar medidas de eficacia comprobada en seguridad vial y movilidad activa.
2. Promover el desarrollo de política pública en seguridad vial y movilidad activa, mediante la generación de lineamientos y acciones propias en esta materia, en pos del favorecimiento de una cultura de seguridad vial.
3. Generar trámites, servicios y acciones de forma eficiente y eficaz, a través de la mejora regulatoria y de servicios; así como, el establecimiento de las prioridades en la asignación de los recursos institucionales, con el fin de generar valor público a la sociedad civil.
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